Una tercera ola de despidos golpeará las costas estatales este domingo cuando venzan los contratos que fueron renovados hace tres meses por el Gobierno. La magnitud de este nuevo recorte en la planta de trabajadores del Estado todavía no es clara, aunque se prevé que la cantidad de bajas será menor a las efectuadas a fines de diciembre y marzo. Los estatales, en estado de alerta, contabilizan más de 2300 despidos en las últimas horas y se preparan para activar distintos focos de protesta en los organismos más afectados por las desvinculaciones.
“El 30 de junio será otra barrida y otra limpieza que se le dé a ese universo”, anunció el vocero presidencial Manuel Adorni promediando la semana, en su habitual conferencia de prensa. Es que el Gobierno tiene en la mira a la totalidad de los trabajadores bajo contrato temporal, un universo que, según las voces oficiales, rondaba las 70.000 personas a comienzo del mandato libertario.
La mayoría de los contratos que vencen a fin de mes son aquellos que se conocen como “artículo 9″, una de las modalidades de contratación en la Administración Pública Nacional (APN). El Gobierno achicó la extensión de estos vínculos laborales a tres meses y los contratos de los trabajadores que superaron el primer filtro libertario y fueron renovados el 31 de marzo, vencen hoy.
A diferencia de las dos tandas anteriores, en el oficialismo evitan estimar números o porcentajes y se ciñen a lo expresado por Adorni el viernes. En esta nueva ola de despidos, el criterio de recorte estaría atado a la productividad. “Depende de cada dependencia. El número se verá después”, señaló a este medio una fuente cercana a la Jefatura de Gabinete.
Pese a que se espera que el desaguace sea menor, algunas áreas como el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), la secretaría de Género (ex-Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad) o la de Derechos Humanos, sufrirán algo más que un remezón, según señalan distintas fuentes de la Asociación de Trabajadores Estatales (ATE). En las últimas horas, el gremio, que lleva un monitoreo propio de las altas y bajas, contabilizó más de 2300 cesantías durante este fin de semana.
“Enfrentamos un plan sistemático para destruir el Estado en el que los nuevos desaparecidos son los trabajadores despedidos y sus familias”, señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, quien este lunes encabezará desde las 9 de la mañana una de las protestas previstas para los próximos días. Será frente a las puertas del INTI, organismo en el que registran una 285 bajas. “En las próximas horas tenemos que multiplicar las protestas para exigir la inmediata reincorporación de los despedidos y que se garantice la renovación automática de todos los contratos”, señaló Aguiar.
Como respuesta a los despidos de la Secretaría de Derechos Humanos, donde los cálculos varían según la fuente consultada, el gremio convoca este martes a otra movilización en el Ministerio de Justicia, donde orbita la secretaria que conduce Alberto Julio Baños, uno de los organismos más afectados dentro de la cartera de Mariano Cúneo Libarona.
Sin embargo, es el ex-Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, bajo la órbita de Justicia desde mediados del mes pasado, el más afectado por esta nueva ola de despidos.
Mientras que los estatales anunciaron 450 despidos, fuentes oficiales del ministerio confirmaron a LA NACION que el número se estira a 685. Algo más del 80% del personal. “Trabajan por Zoom, nadie los conoce”, esgrimen. Funcionarios del ministerio realizaron una visita no planificada a las oficinas y encontraron trabajando solo a 74 personas. “Haremos algo bueno, efectivo e idóneo”, señalan y destacan entre las innovaciones una “red de abogados pro bono”.
Otro foco de protesta se dará frente al Ministerio de Capital Humano, que dirige Sandra Pettovello. Fuentes del sector señalan que el grueso de esta nueva tanda de despidos está vinculado a los extintos Centros de Referencia del Ministerio en las provincias, apuntados por el megaministerio de Pettovello como “cajas políticas”. Según ATE, los despidos allí alcanzan a 370 trabajadores.
La clausura de estos centros –que según cálculos del ministerio significa un ahorro anual de 5000 millones de pesos– dejó sin funciones a los empleados repartidos en las provincias. “Los CDR serán sustituidos por trámites digitales para ahorrar, modernizar y mejorar la eficiencia del sistema”, anunciaron en su momento.
En otras dependencias, en cambio, como en el ex-Ministerio de Trabajo, el Inadi o la secretaría de Cultura, no se esperan cesantías. “Estamos esperando que se cumpla la palabra de los funcionarios”, indicó una fuente de ATE en las últimas horas. “Seguimos en alerta, pero si hay [despidos] pueden ser por goteo”, completan.
La lista de despidos registrada por ATE se completa con los Parques Nacionales (79 cesantes) y el Incaa (20 despidos). Es probable que la renovación de los contratos sea, una vez más, por solo tres meses y el próximo deadline sea el 30 de septiembre. En agosto, no obstante, vencen los contratos de las plantas transitorias. Nuevos plazos para que el oficialismo emprenda adelante de manera “quirúrgica”, tal como enfatizó Adorni, la reducción del Estado.
Según los datos oficiales publicados por el Indec, desde diciembre hasta mayo las bajas en el Estado superan los 25.000 trabajadores si se contempla tanto la Administración Pública Nacional como las empresas y sociedades del Estado.