Nicaragua y los rusos

Al presentar un informe que llama a reforzar las sanciones internacionales contra Managua, un grupo de expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) acusó al gobierno de Nicaragua de aumentar en forma exponencial las violaciones de los derechos humanos el último año y demandó su enjuiciamiento.

El reporte del Grupo de Derechos Humanos sobre Nicaragua afirmó que el gobierno de Daniel Ortega perpetra abusos y crímenes para eliminar todas las voces críticas. La situación ha empeorado notablemente en el último año debido a la consolidación y centralización de todos los poderes e instituciones del Estado, en especial del Poder Judicial, en manos de Ortega y de su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo.

En febrero de 2023 el gobierno de Ortega excarceló a 222 presos políticos, los expulsó a Estados Unidos y los despojó de su nacionalidad, acusándolos de traidores a la patria. Tiempo después, les retiró la nacionalidad a 94 disidentes en el exilio, entre ellos los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli. En enero pasado fue excarcelado el obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, junto a otros 16 sacerdotes y dos seminaristas, y enviados a Roma bajo un acuerdo con el Vaticano. Y durante el último mes el gobierno de Nicaragua canceló la Asociación de Scouts de Nicaragua y ordenó confiscar sus bienes.

El informe instó a la comunidad internacional a tomar medidas inmediatas, ampliando las sanciones contra personas e instituciones involucradas en violaciones de derechos humanos en Nicaragua.

Por su parte, una exguerrillera sandinista y antigua compañera de lucha de Ortega, Dora María Téllez, cuestionó la reciente visita del secretario del Consejo de Seguridad ruso a Managua y denunció que Putin busca utilizar al país centroamericano para imponer su influencia en la región. No hay que olvidar que fue Rusia quien dotó de armamento a las fuerzas armadas nicaragüenses en el primer gobierno sandinista (1979-1990).

Las voces disidentes, las organizaciones que el Estado no controla y la libertad de culto y expresión resultan inaceptables para la dictatorial dupla Ortega-Murillo. Por tal motivo, los hechos de represión más recientes, sumados a los aceitados lazos con Rusia, son parte de un acelerado y oscurantista avance totalitario que tenderá a agravarse.

Al presentar un informe que llama a reforzar las sanciones internacionales contra Managua, un grupo de expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) acusó al gobierno de Nicaragua de aumentar en forma exponencial las violaciones de los derechos humanos el último año y demandó su enjuiciamiento.

El reporte del Grupo de Derechos Humanos sobre Nicaragua afirmó que el gobierno de Daniel Ortega perpetra abusos y crímenes para eliminar todas las voces críticas. La situación ha empeorado notablemente en el último año debido a la consolidación y centralización de todos los poderes e instituciones del Estado, en especial del Poder Judicial, en manos de Ortega y de su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo.

En febrero de 2023 el gobierno de Ortega excarceló a 222 presos políticos, los expulsó a Estados Unidos y los despojó de su nacionalidad, acusándolos de traidores a la patria. Tiempo después, les retiró la nacionalidad a 94 disidentes en el exilio, entre ellos los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli. En enero pasado fue excarcelado el obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, junto a otros 16 sacerdotes y dos seminaristas, y enviados a Roma bajo un acuerdo con el Vaticano. Y durante el último mes el gobierno de Nicaragua canceló la Asociación de Scouts de Nicaragua y ordenó confiscar sus bienes.

El informe instó a la comunidad internacional a tomar medidas inmediatas, ampliando las sanciones contra personas e instituciones involucradas en violaciones de derechos humanos en Nicaragua.

Por su parte, una exguerrillera sandinista y antigua compañera de lucha de Ortega, Dora María Téllez, cuestionó la reciente visita del secretario del Consejo de Seguridad ruso a Managua y denunció que Putin busca utilizar al país centroamericano para imponer su influencia en la región. No hay que olvidar que fue Rusia quien dotó de armamento a las fuerzas armadas nicaragüenses en el primer gobierno sandinista (1979-1990).

Las voces disidentes, las organizaciones que el Estado no controla y la libertad de culto y expresión resultan inaceptables para la dictatorial dupla Ortega-Murillo. Por tal motivo, los hechos de represión más recientes, sumados a los aceitados lazos con Rusia, son parte de un acelerado y oscurantista avance totalitario que tenderá a agravarse.

 

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