Educación: sin plan, no basta declararla esencial

“La educación pública es un mecanismo de lavado de cerebro” dijo el presidente Javier Milei en un acto de inicio del ciclo lectivo 2024 realizado en una institución católica, el Colegio Cardenal Copello de Villa Devoto. Acompañado por su hermana Karina, también exalumna de la institución, Milei le habló a un grupo de alumnos sobre lo que cree sucede en la educación pública: el adoctrinamiento socialista. Sin pudor, criticó los “contenidos rojos” de la educación. También bromeó sobre el desmayo de un alumno: “juro que no nombro más a los zurditos” y sentenció: “mencionar a los comunistas es tan peligroso que genera problemas siempre”. Cerró invitándolos a leer “los dos lados de la biblioteca” cuando habló de la dictadura militar.

Además, Milei, que se ha manifestado en reiteradas ocasiones contra la ESI (Educación Sexual Integral), les dijo a los alumnos que “el aborto es un homicidio agravado por el vínculo” y que los responsables son “los asesinos de pañuelos verdes”. En definitiva, Milei criticó el supuesto adoctrinamiento en la educación argentina “adoctrinando” al grupo de alumnos que lo escuchaba atentamente, chicos que no van a olvidar nunca que un presidente los visitó en su escuela.

Seguramente muchos recordarán los actos con banderas de La Cámpora en escuelas públicas, con docentes que adoctrinaban a sus alumnos acompañados y protegidos por algunos gremios, incluso con textos curriculares, como sucedió en la provincia de Buenos Aires, gobernada por el actual funcionario “mileísta” Daniel Scioli, que hablaban despectivamente del neoliberalismo de los ´90, hechos que un vasto sector de la sociedad repudió, con toda razón y derecho, en su debido momento. Esta acción deleznable del kirchnerismo no habilita al presidente Milei ni a sus funcionarios a actuar de la misma manera. Es lo que hizo el Presidente ayer en el Colegio Cardenal Copello. Planteó su mirada, que está en las antípodas de lo que él critica, pero utilizando el mismo método. No puede un funcionario público hablarles a menores sobre cómo y qué pensar, sobre qué es bueno y malo en política en una escuela, que además de educarlos tiene el deber de formar ciudadanía de libre pensamiento. La escuela debe enseñar a pensar, no direccionar las ideas de sus alumnos. No se combaten las actitudes reprochables imitándolas. El Presidente debe recordar que no es más un panelista de televisión, un comentarista de la realidad, sino entender que su comportamiento público habilita a sus seguidores, entre los que seguro hay maestros, a imitarlo.

Fiel a su estilo, Milei abusó de la “chicana” política, pero no desarrolló un plan o una idea de lo que pretende su gobierno en educación. La campaña terminó y la idea impracticable de los vouchers educativos salió del discurso oficialista y del tema hablan poco y nada. De hecho, la semana pasada el Presidente convocó a la dirigencia argentina a firmar el llamado Acuerdo de Mayo, son 10 puntos que ya redactó el gobierno, lo que no sería un “acuerdo” sino una imposición, pero todos están relacionados con la economía, lo laboral y sobre todo, el sector financiero. No hay un punto dedicado a una de las mayores tragedias que atravesamos los argentinos: la educación. Solo habló en su discurso ante la Asamblea Legislativa de su intención de decretar a la Educación como “servicio esencial”. Un enunciado que tiene un noble propósito, pero es innecesario e impracticable. En la Argentina tenemos varias leyes con fines que la mayoría coincide, pero nadie las cumple, aún después de dos décadas de ser sancionadas, y que, si se cumplieran, la declaración de esencialidad que propone el gobierno sería innecesaria.

Veamos: la Ley 25864, conocida como la Ley de los 180 días de clases es escueta y concisa, no necesita de interpretaciones, esa cantidad de días debe ser garantizada en todas las jurisdicciones, de no hacerlo dice la ley que: “las autoridades educativas de las respectivas jurisdicciones, deberán adoptar las medidas necesarias a fin de compensar los días de clase perdidos, hasta completar el mínimo establecido”. Cumplir con esa norma bastaría para garantizar al menos 720 horas de clases anuales a los alumnos de primaria-demasiado poco comparándolos con Chile que alcanza las 1800 horas- y los días necesarios para los de educación media. También la ley habla de la asistencia del estado nacional. Sancionada en 2003 con el apoyo de toda la clase política, esta ley nunca se cumplió, siempre tuvimos una o más provincias sin ese piso mínimo de días de escuela. Hay casos alarmantes, como la provincia de Santa Cruz, donde entre los paros gremiales y la pandemia, los alumnos que egresaron de la escuela media en 2022 asistieron menos de dos años a la escuela.

La ley 26206, Ley Nacional de Educación, ya estableció la esencialidad de la educación, dice en su artículo 2° “- La educación y el conocimiento son un bien público y un derecho personal y social, garantizados por el Estado”. Sancionada en 2006, la ley sigue vigente pero no se cumple, a pesar de ser catalogada como “un bien público”, es decir, la convierte en inapropiable para cualquier sector o particular. La educación fue manipulada por gremios y por el mismo sistema político. Además, define a la educación media como obligatoria, sin embargo, la mitad de los alumnos no culminan la secundaria en tiempo y forma. Hay una serie de artículos que tampoco se practican y que no alcanzaría esta columna para detallarlos con sus debidas consecuencias.

La ley 20.075, Ley de Financiamiento Educativo, tampoco se cumple. Según un trabajo publicado por Argentinos por la Educación antes de la pandemia, la inversión pública en educación no consumó la inversión que obliga la norma vigente. ¡Hoy la deuda con el sistema educativo supera los 26.000 millones de dólares! Las consecuencias están a la vista, de haberse cumplido con esta ley, sancionada en 2006, el 30% de la matrícula escolar en 2010 debió poder contar con escuelas de jornada completa. La realidad dice que en 2024 apenas el 12% sostiene ese servicio y la mayoría están en el sistema educativo de CABA.

Todo esto afecta la calidad educativa. La Argentina no deja de retroceder en niveles de aprendizaje en cualquier prueba nacional o internacional en la que participe, que nos sirve para saber dónde estamos parados respecto al mundo y los países vecinos. En las PISA de la OCDE -para alumnos de secundaria- pasamos de liderar la región en el año 2000 a encabezar un segundo pelotón en 2019. En la secuencia de pruebas tomadas por el LLECE (Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación) de la Unesco, prueba tomada por en toda la región, la Argentina demostró o un retroceso o la falta de avances desde 1996, cuando comenzaron a tomarse en distintas modalidades (PERCE, SERCE, TERCE) mucho más si se tienen en cuenta los progresos de otros países vecinos, como Chile y Uruguay y un poco más lejos, Costa Rica y Cuba, que solía liderar la región cuando participó.

Si bien la administración del sistema educativo está en manos de las provincias, hay responsabilidad institucional de Nación, y hasta ahora lo único que escuchamos de parte del gobierno nacional es sobre recortes presupuestarios como terminar con el Fondo de Incentivo Docente y el Fondo de Garantía Salarial, y que solo propuso como idea innovadora la necesidad de dictar un decreto para declarar “esencial” la educación y evitar así que las escuelas pierdan días de clases, haciendo colisionar el derecho a la protesta laboral garantizado en la Constitución con el derecho a estudiar de los alumnos.

El objetivo es loable, pero obligando no va a conseguir nada, porque ya existen normas -detalladas en esta columna- que muestran que terminan siendo solo tinta sobre papel, que nadie lee y cumple. En esta inercia, sin un plan, sin inversión con objetivos, sin un norte que imponga metas y sin cumplir con las leyes vigentes, el decreto de esencialidad del servicio educativo sumará solo desde lo discursivo y, como las leyes actuales, culminará siendo “jueguito para la tribuna” y un documento más que se archivará en la biblioteca de los fracasos de las políticas educativas. Que, lamentablemente, en los últimos 30 años, es la única que no para de crecer.

“La educación pública es un mecanismo de lavado de cerebro” dijo el presidente Javier Milei en un acto de inicio del ciclo lectivo 2024 realizado en una institución católica, el Colegio Cardenal Copello de Villa Devoto. Acompañado por su hermana Karina, también exalumna de la institución, Milei le habló a un grupo de alumnos sobre lo que cree sucede en la educación pública: el adoctrinamiento socialista. Sin pudor, criticó los “contenidos rojos” de la educación. También bromeó sobre el desmayo de un alumno: “juro que no nombro más a los zurditos” y sentenció: “mencionar a los comunistas es tan peligroso que genera problemas siempre”. Cerró invitándolos a leer “los dos lados de la biblioteca” cuando habló de la dictadura militar.

Además, Milei, que se ha manifestado en reiteradas ocasiones contra la ESI (Educación Sexual Integral), les dijo a los alumnos que “el aborto es un homicidio agravado por el vínculo” y que los responsables son “los asesinos de pañuelos verdes”. En definitiva, Milei criticó el supuesto adoctrinamiento en la educación argentina “adoctrinando” al grupo de alumnos que lo escuchaba atentamente, chicos que no van a olvidar nunca que un presidente los visitó en su escuela.

Seguramente muchos recordarán los actos con banderas de La Cámpora en escuelas públicas, con docentes que adoctrinaban a sus alumnos acompañados y protegidos por algunos gremios, incluso con textos curriculares, como sucedió en la provincia de Buenos Aires, gobernada por el actual funcionario “mileísta” Daniel Scioli, que hablaban despectivamente del neoliberalismo de los ´90, hechos que un vasto sector de la sociedad repudió, con toda razón y derecho, en su debido momento. Esta acción deleznable del kirchnerismo no habilita al presidente Milei ni a sus funcionarios a actuar de la misma manera. Es lo que hizo el Presidente ayer en el Colegio Cardenal Copello. Planteó su mirada, que está en las antípodas de lo que él critica, pero utilizando el mismo método. No puede un funcionario público hablarles a menores sobre cómo y qué pensar, sobre qué es bueno y malo en política en una escuela, que además de educarlos tiene el deber de formar ciudadanía de libre pensamiento. La escuela debe enseñar a pensar, no direccionar las ideas de sus alumnos. No se combaten las actitudes reprochables imitándolas. El Presidente debe recordar que no es más un panelista de televisión, un comentarista de la realidad, sino entender que su comportamiento público habilita a sus seguidores, entre los que seguro hay maestros, a imitarlo.

Fiel a su estilo, Milei abusó de la “chicana” política, pero no desarrolló un plan o una idea de lo que pretende su gobierno en educación. La campaña terminó y la idea impracticable de los vouchers educativos salió del discurso oficialista y del tema hablan poco y nada. De hecho, la semana pasada el Presidente convocó a la dirigencia argentina a firmar el llamado Acuerdo de Mayo, son 10 puntos que ya redactó el gobierno, lo que no sería un “acuerdo” sino una imposición, pero todos están relacionados con la economía, lo laboral y sobre todo, el sector financiero. No hay un punto dedicado a una de las mayores tragedias que atravesamos los argentinos: la educación. Solo habló en su discurso ante la Asamblea Legislativa de su intención de decretar a la Educación como “servicio esencial”. Un enunciado que tiene un noble propósito, pero es innecesario e impracticable. En la Argentina tenemos varias leyes con fines que la mayoría coincide, pero nadie las cumple, aún después de dos décadas de ser sancionadas, y que, si se cumplieran, la declaración de esencialidad que propone el gobierno sería innecesaria.

Veamos: la Ley 25864, conocida como la Ley de los 180 días de clases es escueta y concisa, no necesita de interpretaciones, esa cantidad de días debe ser garantizada en todas las jurisdicciones, de no hacerlo dice la ley que: “las autoridades educativas de las respectivas jurisdicciones, deberán adoptar las medidas necesarias a fin de compensar los días de clase perdidos, hasta completar el mínimo establecido”. Cumplir con esa norma bastaría para garantizar al menos 720 horas de clases anuales a los alumnos de primaria-demasiado poco comparándolos con Chile que alcanza las 1800 horas- y los días necesarios para los de educación media. También la ley habla de la asistencia del estado nacional. Sancionada en 2003 con el apoyo de toda la clase política, esta ley nunca se cumplió, siempre tuvimos una o más provincias sin ese piso mínimo de días de escuela. Hay casos alarmantes, como la provincia de Santa Cruz, donde entre los paros gremiales y la pandemia, los alumnos que egresaron de la escuela media en 2022 asistieron menos de dos años a la escuela.

La ley 26206, Ley Nacional de Educación, ya estableció la esencialidad de la educación, dice en su artículo 2° “- La educación y el conocimiento son un bien público y un derecho personal y social, garantizados por el Estado”. Sancionada en 2006, la ley sigue vigente pero no se cumple, a pesar de ser catalogada como “un bien público”, es decir, la convierte en inapropiable para cualquier sector o particular. La educación fue manipulada por gremios y por el mismo sistema político. Además, define a la educación media como obligatoria, sin embargo, la mitad de los alumnos no culminan la secundaria en tiempo y forma. Hay una serie de artículos que tampoco se practican y que no alcanzaría esta columna para detallarlos con sus debidas consecuencias.

La ley 20.075, Ley de Financiamiento Educativo, tampoco se cumple. Según un trabajo publicado por Argentinos por la Educación antes de la pandemia, la inversión pública en educación no consumó la inversión que obliga la norma vigente. ¡Hoy la deuda con el sistema educativo supera los 26.000 millones de dólares! Las consecuencias están a la vista, de haberse cumplido con esta ley, sancionada en 2006, el 30% de la matrícula escolar en 2010 debió poder contar con escuelas de jornada completa. La realidad dice que en 2024 apenas el 12% sostiene ese servicio y la mayoría están en el sistema educativo de CABA.

Todo esto afecta la calidad educativa. La Argentina no deja de retroceder en niveles de aprendizaje en cualquier prueba nacional o internacional en la que participe, que nos sirve para saber dónde estamos parados respecto al mundo y los países vecinos. En las PISA de la OCDE -para alumnos de secundaria- pasamos de liderar la región en el año 2000 a encabezar un segundo pelotón en 2019. En la secuencia de pruebas tomadas por el LLECE (Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación) de la Unesco, prueba tomada por en toda la región, la Argentina demostró o un retroceso o la falta de avances desde 1996, cuando comenzaron a tomarse en distintas modalidades (PERCE, SERCE, TERCE) mucho más si se tienen en cuenta los progresos de otros países vecinos, como Chile y Uruguay y un poco más lejos, Costa Rica y Cuba, que solía liderar la región cuando participó.

Si bien la administración del sistema educativo está en manos de las provincias, hay responsabilidad institucional de Nación, y hasta ahora lo único que escuchamos de parte del gobierno nacional es sobre recortes presupuestarios como terminar con el Fondo de Incentivo Docente y el Fondo de Garantía Salarial, y que solo propuso como idea innovadora la necesidad de dictar un decreto para declarar “esencial” la educación y evitar así que las escuelas pierdan días de clases, haciendo colisionar el derecho a la protesta laboral garantizado en la Constitución con el derecho a estudiar de los alumnos.

El objetivo es loable, pero obligando no va a conseguir nada, porque ya existen normas -detalladas en esta columna- que muestran que terminan siendo solo tinta sobre papel, que nadie lee y cumple. En esta inercia, sin un plan, sin inversión con objetivos, sin un norte que imponga metas y sin cumplir con las leyes vigentes, el decreto de esencialidad del servicio educativo sumará solo desde lo discursivo y, como las leyes actuales, culminará siendo “jueguito para la tribuna” y un documento más que se archivará en la biblioteca de los fracasos de las políticas educativas. Que, lamentablemente, en los últimos 30 años, es la única que no para de crecer.

 

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