Yukos, el caso ruso de 50.000 millones ante la justicia holandesa

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Un tribunal de apelaciones holandés emitirá este martes una sentencia histórica en un caso complejo en el que está involucrado el desaparecido gigante petrolero ruso Yukos, cuyos antiguos accionistas reclaman 50.000 millones de dólares a Rusia.

Acusan a Moscú de haber orquestado el desmantelamiento de Yukos por motivos políticos. En 2014 Rusia fue condenada por la Corte Permanente de Arbitraje (CPA), una jurisdicción internacional con sede en La Haya, a pagarles una indemnización de 50.000 millones de dólares. Las autoridades rusas se negaron.

Un tribunal holandés anuló el veredicto en 2016, al considerar que la CPA no estaba habilitada a imponer la indemnización. Los demandantes discrepan y esperan que el Tribunal de Apelaciones de La Haya les dé la razón este martes.

Moscú acusó a Yukos de fraude fiscal y estafa a gran escala. La compañía estaba dirigida por el oligarca y enemigo declarado del Kremlin Mijaíl Jodorkovsky, detenido en 2003 y liberado tras pasar una década en prisión.

La empresa, principal productor de oro negro en Rusia, fue declarada en liquidación judicial en agosto de 2006, tras un juicio. El Kremlin es sospechoso de estar detrás de este proceso para frustrar las ambiciones políticas de Jodorkovski.

Yukos fue vendido por partes, sobre todo al grupo petrolero público ruso Rosneft. Esta empresa, de tamaño modesto, se ha convertido gracias a los activos del grupo desmantelado en un gigante global, dirigido por un hombre de confianza de Vladimir Putin, Igor Setchin.

Los antiguos accionistas intentan obtener una compensación por las pérdidas causadas por la disolución de Yukos.

En primera instancia un tribunal holandés dirimió que la CPA no es competente para juzgar este caso e imponer una indemnización.

– Años 1990 –

El CPA basó su sentencia en el Tratado de la Carta de la Energía (TCE), que protege las inversiones internacionales en los proyectos energéticos.

«La Federación de Rusia ha firmado el TCE, pero no lo ha ratificado», sostuvo la justicia holandesa en 2016, indicando que las decisiones de la CPA eran, por lo tanto, «contrarias a la legislación rusa».

Se plantea otro tema: «las circunstancias de la toma de control de Yukos por los oligarcas rusos durante su privatización en 1995 y 1996», afirmó a la AFP Andrea Pinna, abogado de Rusia.

Durante la caída de la URSS, empresarios sin escrúpulos acumularon inmensas fortunas e imperios comprando activos soviéticos a bajo precio, sobre todo en el sector de las materias primas. En esos momentos el país estaba sumido en una profunda crisis y la población se empobrecía. Jodorkovski fue uno de ellos.

«Rusia estima que la adquisición de Yukos solo fue posible a través de la corrupción y otras acciones ilegales», afirma Pinna, subrayando que «no es un caso político, sino puramente jurídico con una implicación financiera de 50.000 millones de dólares».

Emmanuel Gaillard, quien representa a los antiguos accionistas, dijo a la AFP que «Rusia está haciendo muchos esfuerzos diplomáticos para tratar de desacreditar» a los demandantes».

«Su estrategia es distorsionar para complicarlo todo, hacer olvidar la mayor expropiación del siglo XXI», lamenta.

Detenido en 2003, Jodorkovski fue liberado en diciembre de 2013 tras un indulto concedido por el presidente ruso y desde entonces ha vivido en el exilio. Su socio Platon Lebedev pasó más de 10 años en la cárcel.

El arresto de Jodorkovski se produjo después de que el presidente ruso, Vladimir Putin, advirtiera a la creciente clase de oligarcas contra la intromisión en la política.

Independientemente del resultado de la apelación del martes, se espera que el caso continúe ante el Tribunal de Casación holandés.

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